Normalmente tendemos a pensar que se necesita a un abogado cuando ya existe un conflicto de naturaleza jurídica que requiere ser resuelto, es decir en última instancia o como último recurso.

Esta actitud se deriva en parte del miedo o rechazo que irracionalmente suele provocar verse en la necesidad de contratar los servicios de un abogado, pues se asocia tal necesidad con una imagen exagerada de nuestro problema, de tal manera que operan en nosotros reflexiones como las siguientes: «Debe tener un considerable problema para que haya acudido a un abogado», y en sentido contrario «No necesito un abogado, mi situación no es tan grave».

Y efectivamente puede que no se trate de un conflicto difícil y por tanto no precise la intervención de un abogado, pero siempre será aconsejable su asesoramiento profesional, pues en muchas ocasiones se acaba pagando costosas consecuencias por no haber prevenido.

Cuántas veces llaman a nuestra puerta clientes cuyas controversias se hallan en un estado tal que ya no tienen remedio o éste es extremadamente difícil. Sinceramente muchos de estos casos no habrían adquirido una gravedad de tal magnitud de haber contado con un buen asesoramiento legal en el momento adecuado, con base al cual saber decidir cuál es la mejor acción, estrategia o comportamiento a realizar. Para mayor tragedia estas situaciones por lo general acaban resultando mucho más costosas -tanto si finalmente se obtiene una solución satisfactoria como si no- de lo que habría supuesto una consulta a tiempo, y ello sin contar los angustiosos quebraderos de cabeza que pueda generar.

Así, por ejemplo: el futuro comprador de una vivienda firma previamente un contrato de señal, redactado unilateralmente por el vendedor, entregándole a éste 9.000,00 € y fijándose la fecha concreta en que ambos deberán firmar el contrato de compraventa. Llegado ese día, el comprador no ha logrado obtener un crédito hipotecario y en consecuencia carece de capital suficiente para comprar la vivienda, por lo que opta por no seguir adelante con la compraventa. Le comunica al vendedor tal decisión al mismo tiempo que le pide la devolución de la señal que le entregó, pero para su sorpresa el vendedor no accede a tal petición puesto que con arreglo a lo pactado y suscrito por ambos si la compraventa no se realiza en la fecha convenida por causa no imputable al vendedor, el comprador no recuperará la cantidad entregada en concepto de señal. El comprador ve así cómo pierde 9.000,00 € cuando podría haberlo evitado con una simple consulta a un abogado y/o solicitando a éste que revisase el contrato antes de firmarlo.

La condición expuesta en este ejemplo es muy sencilla, pero en la práctica se dan infinidad de situaciones en las que creemos ser conscientes de lo que estamos firmando y sin embargo podemos estar cometiendo grandes imprudencias.

Es importante y muy provechoso saber que el abogado no sólo puede actuar «a posteriori» en su faceta de defensor en juicio o fuera de él, sino que un abogado es también un asesor e incluso un mediador, y como tal realiza una gran labor «a priori», preventiva, antes de que el problema surja y precisamente para evitar que éste se produzca, ahorrándole así al cliente, no sólo considerables pérdidas económicas, sino también grandes disgustos.