Publicación de datos personales en tablones electrónicos – #DebateAbiertoCon Susana Macías

El tweet que provoca el debate:

El interrogante inicial:


(Inciso ——> En este momento nace #DebateAbiertoCon)

Ruth: Por lo que te leo, el supuesto podría encajar en el del art. 59.6.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones y del Procedimiento Administrativo común (Ley 30/92):

“6. La publicación, en los términos del artículo siguiente, sustituirá a la notificación surtiendo sus mismos efectos en los siguientes casos:

a) (…)

b) Cuando se trata de actos integrantes de un procedimiento selectivo o de concurrencia competitiva de cualquier tipo. En este caso, la convocatoria del procedimiento deberá indicar el tablón de anuncios o medios de comunicación donde se efectuarán las sucesivas publicaciones, careciendo de validez las que se lleven a cabo en lugares distintos”.

Entiendo que, si una normativa lo recogiera para el supuesto concreto, la Administración puede disponer en su convocatoria que la notificación se efectuará por medio de publicación en su tablón de anuncios y en su tablón electrónico, poniendo este artículo en relación con el 12 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos (Ley 11/2007), que dispone:

La publicación de actos y comunicaciones que, por disposición legal o reglamentaria deban publicarse en tablón de anuncios o edictos podrá ser sustituida o complementada por su publicación en la sede electrónica del organismo correspondiente.

Deduzco, por lo de #LOLPD (¡qué hashtag tan grande, @NTAbogados!) que la sorna de tu tuit guarda relación con la protección de datos, (¿has visto que perspicaz soy? guiño-guiño-codazo), pero ¿me puedes explicar exactamente el motivo?

Susana: A raíz del “tweet de la discordia” veo que se suscitan, como mínimo, dos preguntas en relación con los tablones de anuncios electrónicos:

1. El contenido que pueden tener dichos tablones.

2. Las medidas en materia de protección de datos que hace falta adoptar en relación con los documentos que se publican en los tablones electrónicos.

En relación con la cuestión 1, hay que destacar que no está establecido de forma expresa qué contenidos deben (o pueden) ser publicados en el tablón de anuncios electrónico, y éstos se infieren de la Ley 30/1992 puesta en relación con la Ley 11/2007.

Los preceptos que se aportan al debate son totalmente correctos, y de hecho el tablón electrónico se puede considerar una versión 2.0, para entendernos, del tablón de anuncios presencial de toda la vida, con lo cual tienen cabida los mismos contenidos que en éste (art. 59.5 + 59.6.b) de la Ley 30/1992). El matiz (o importante diferencia) a tener en cuenta consiste en que el art. 12 de la Ley 11/2007 abre la posibilidad que la publicación en el tablón de anuncios electrónico pueda llegar a sustituir la publicación en los boletines y diarios oficiales, opción que no se contemplaba en relación con los tablones presenciales.

O sea que desde un punto de vista de contenido, es ajustado a Derecho que un tablón de anuncios electrónico pueda incorporar un listado de las personas físicas o jurídicas a las que se ha concedido una subvención, dado que se trata de un procedimiento de concurrencia competitiva que se subsume en el art. 59.6.b) de la Ley 30/1992.

La segunda cuestión es quizás la que más dudas puede suscitar: ¿cómo se protegen los datos personales de un documento colgado en un tablón de anuncios electrónico? De esta respuesta quiero excluir de entrada los mecanismo de no indexación, y centrarme en el contenido que deberían tener dichos actos (o el que NO deberían tener) para que cumplieran con la LOPD.

En este sentido, me remito a la Recomendación 1/2008 de la APDCAT, sobre la difusión de información que contenga datos de carácter personal a través de internet, aplicable a las instituciones públicas de Cataluña (entre ellas, la Administración de la Generalitat).

Para no complicar el asunto más de la cuenta, partamos de la suposición que los perceptores de la subvención han dado su consentimiento a la comunicación de sus datos, y que la finalidad de difusión es legítima (que creo yo que sí). Igualmente, creo que en el caso que yo apuntaba no se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad que define en estos términos la misma Recomendación 1/2008:

Proporcionalidad: es necesaria la ponderación a fin de que la información facilitada sea la estrictamente adecuada y se mantenga sólo durante el tiempo adecuado para alcanzar la finalidad que legitima la difusión de los datos. Se considerará adecuada la información que sea idónea e imprescindible para alcanzar la finalidad perseguida, siempre que, cuando sea posible difundir electrónicamente la información de diferentes formas, o con diferentes grados de concreción, se opte por aquel sistema que, a la vez que permita alcanzar igualmente la finalidad perseguida, comporte una menor difusión de datos de carácter personal tanto desde un punto de vista cualitativo como cuantitativo”.

En el caso concreto de la publicación del resultado de los procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, en este documento se recomienda, salvo que la normativa específica reguladora de la materia establezca de lo contrario, limitar la publicación a la indicación de los participantes seleccionados, sin hacer mención de la valoración obtenida ni de los participantes que hayan sido descartados, sin perjuicio de la posibilidad de establecer sistemas de acceso restringido que permitan a cada aspirante acceder a la información completa que le afecte.

Es decir, la Recomendación no descarta que se puedan utilizar sistemas de identificación para el acceso que permitan verificar la legitimación de la persona que pretenda acceder a los datos de carácter personal, de manera que éstos se difundan sólo entre los interesados directos o aquellas personas o colectivos titulares de intereses legítimos. Esto implica que cada interesado en un procedimiento disponga de un espacio personal para poder consultar el estado o resultado de dicho procedimiento, y así los datos personales no trasciendan a sujetos ajenos al procedimiento.

R: No estoy tan segura de que deba requerirse necesariamente el consentimiento del interesado, pues entiendo que lo que la Administración hace es una comunicación o revelación de datos y el Art. 11 de la LOPD contempla, entre otras excepciones, que no será preciso el consentimiento cuando la cesión de los datos esté autorizada en virtud de una Ley. Como vemos, el supuesto del que hablamos se encuentra previsto en el Art. 59 de la Ley 30/1992, que autorizaría la publicación de los datos en el boletín oficial, y en el Art. 12 de la Ley 11/2007, que habilitaría la publicación en el tablón electrónico de la Administración.

Por otra parte, siendo prácticos, podemos preguntarnos qué importa que esos datos figuren en el tablón electrónico de la Administración si desde el momento en que han  accedido al boletín oficial en Internet, se encuentran en una fuente accesible al público de forma indefinida y a la que, en términos generales, se puede llegar a través de cualquier buscador.

Hay quien apuntará a un fichero robots.txt como solución, sin embargo a día de hoy, hasta donde yo sé, nada obliga a las administraciones a incluir tales ficheros, pero aunque así fuera, un robots.txt no es más que un archivo de texto que contiene recomendaciones para los indexadores de los buscadores, pero no tienen carácter vinculante, no son más que peticiones, no estando por tanto realmente éstos sujetos a su cumplimiento. Además, el robots.txt por un lado puede facilitar que determinada información no resulte accesible a través de buscadores externos, pero por otro puede provocar un efecto llamada, pues no hay más que introducir en nuestro navegador la url de la web que se quiera seguida de “/robots.txt” para acceder a dicho fichero y saber, por tanto, cuál es la información que no se desea indexar (aunque es cierto que hace falta ser muy curioso para ir mirando los robots.txt. Por cierto, para curioso el robots.txt de la web de la SGAE…)

Retomando el tema, también la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid (D.E.P.) se pronunció en su día sobre la publicación de datos personales en boletines oficiales, en su Recomendación 2/2008, y sobre el tratamiento de datos personales en servicios de administración electrónica, Recomendación 3/2008, si bien esta última, paradójicamente, no me ha parecido aplicable al supuesto que tratamos. Sí, en cambio la Recomendación 2/2008, en cuyo Art. 17 se refiere concretamente a la publicación de datos relativos a subvenciones y en el 31 a las notificaciones a través de boletines y diarios oficiales en Internet.

En definitiva, creo que, aunque se pueden arbitrar medios para que sólo el interesado acceda a su información en relación con la concesión o no de la subvención, entiendo que la Administración del tuit de la discordia no tiene por qué estar incumpliendo la normativa actual sobre protección de datos y tampoco las recomendaciones que venimos viendo. Otra cosa es que sea deseable que se regule en condiciones la incorporación de datos de carácter personal en boletines oficiales en Internet y en tablones electrónicos. Quizá vaya siendo hora de decidir si la amplificación y la enorme facilidad y rapidez en la obtención de información que se producen hoy en día en Internet justifican una regulación específica para dicho entorno en materia de protección de datos (ahora que tanto se habla del derecho al olvido…).

S: El debate se pone cada vez más interesante. Me explayaría durante horas, pero intentaré contenerme…

Brevemente, creo que sí que tiene relevancia la exposición de los datos en un tablón electrónico, a pesar de que éstos se hayan publicado ya en un boletín oficial en formato digital. Tengamos en cuenta que uno de los principios que rigen las publicaciones oficiales en formato digital es el de la integridad (v., por ej., art. 3.3 de la Ley 2/2007, del DOGC), motivo por el cual no se “descuelgan” o borran los eventuales datos personales que puedan contener sus documentos. Cosa que sí se puede (y de hecho, se debería) hacer con los documentos que se cuelguen de los tablones oficiales, que simplificando son más de usar y tirar, ya que no tienen que estar expuestos más allá del tiempo imprescindible para cumplir con su utilidad, lo cual se traduce en el plazo estipulado para interponer recurso contra él.

En cuanto al robots.txt, totalmente de acuerdo: ni es la solución, ni es la panacea. Más bien hay que considerarla una medida adicional de cara a la protección de datos de carácter personal, y con los efectos limitados que ya conocemos. Pero la medida realmente eficaz consiste ya a priori en la prevención, o en lo que es lo mismo, en no dar publicidad de datos que no son necesarios en virtud del principio de proporcionalidad que antes comentaba: ¿es necesario que todos (interesados o no el procedimiento) tengan acceso a datos personales de sujetos a los que se ha concedido una subvención? En el caso de los interesados se resuelve habilitando el espacio personal antes mencionado. Y en el caso de los no interesados en el procedimiento, se puede entender que esos resultados puedan ser públicos por tiempo indefinido con fines de investigación (más aún en los tiempos que corren, en los que queremos saber a qué se destina el dinero de nuestros impuestos). Pero una solución que satisfaga los intereses legítimos de ambas partes puede pasar, por ejemplo, por la anonimización parcial de los datos relativos a las personas físicas que perciban la subvención (por ejemplo, las iniciales del nombre más los cuatro últimos dígitos del DNI). Ésta es una medida que permite (al menos a priori) que sólo el interesado se reconozca en el listado, y que se ve amparada por la misma Recomendación 1/2008, la cual indica la oportunidad de limitar la publicación de números identificativos, como el número del documento nacional de identidad, el número de afiliación a la seguridad social u otros, de forma conjunta con la identificación completa de la persona a la cual se refieren, a aquellos supuestos en que la publicación de este dato concreto se desprenda de la normativa aplicable. 

Esta idea no es totalmente nueva, porque de hecho, en el ámbito de las notificaciones y publicaciones de actos, va en consonancia con el artículo 61 de la LRJPAC:

Si el órgano competente apreciase que la notificación por medio de anuncios o la publicación de un acto lesiona derechos o intereses legítimos, se limitará a publicar en el diario oficial que corresponda una somera indicación del contenido del acto y del lugar donde los interesados podrán comparecer, en el plazo que se establezca, para conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y constancia de tal conocimiento”.

(Y qué interés o derecho más legítimo que la protección de datos de carácter personal, ¿verdad? ;)).

En resumen, aunque no existan unos criterios meridianamente claros respecto a las medidas que hay que adoptar en materia de protección de datos en los tablones electrónicos, lo que sí que es seguro es que no deben diferir mucho de las que se adoptan en los boletines oficiales en formato digital. Y eso pasa, a mi modo de ver, por publicar exclusivamente la información imprescindible para que la difusión del acto administrativo cumpla su finalidad.

Divagaciones varias sobre el derecho al olvido


2013-01-27 - OLVIDO
Desde hace unos años se habla mucho sobre el derecho al olvido. Aun así, mi parecer es que todavía no entendemos muy bien lo que es, ni siquiera si existe o no, y menos aún, por lo tanto, tenemos una definición aceptada del mismo. Me sorprende, por tanto, saber que el 81% de los encuestados en un estudio sobre el derecho al olvido opina que en general no es respetado en Internet. Simpático, ¿verdad?

No sé, igual soy yo la única que no alcanzo a comprender bien esto del derecho al olvido. Hay quien tiene muy claro que tal derecho no existe, y entiendo sus argumentos, de modo que sencillamente estaríamos ante un derecho ya existente, o varios en mi opinión, pero que en el entorno digital quedan más expuestos a posibles vulneraciones y por lo tanto su desarrollo y aplicación alcanzan mayor relevancia. En este sentido, para algunos, formaría parte de lo que llaman la cuarta generación de derechos fundamentales.

Son varias las definiciones que se han dado para el derecho al olvido. La mayoría de las que conozco lo ponen en relación exclusivamente con la protección de los datos de carácter personal, así, por ejemplo la Comisión Europea lo definió en un principio, en su comunicación “A comprehensive approach on personal data protection in the European Union”, como the right of individuals to have their data no longer processed and deleted when they are no longer needed for legitimate purposes, que viene a ser algo así como el derecho de las personas a que sus datos dejen de ser procesados ​​y sean eliminados cuando ya no sean necesarios para fines legítimos, y que ha sido la idea esencial que ha acabado trasladándose al Proyecto de Reglamento Europeo.

En mi opinión esta definición, que además no hace distinción entre entorno on-line y entorno off-line, resulta verdaderamente pobre y triste, ¿el derecho al olvido se refiere sólo a los datos personales? Y además puede inducir a error, pues ¿acaso con anterioridad a que fuera recogido en el Reglamento no gozábamos ya de esa protección? ¿No tenemos desde hace años los concretos derechos de oposición y cancelación de nuestros datos personales?

También hay quien lo describe como el derecho a que los buscadores no localicen tus datos personales en la red. Y aquí nos metemos en arenas movedizas porque, para empezar, ¿tienen los buscadores derecho a tratar nuestros datos personales sin nuestro consentimiento? ¿Hay un interés legítimo que lo justifique? ¿El hecho de que ésa precisamente sea su actividad, su negocio, es suficiente para entender que están legitimados? (usted no puede tratar datos personales sin el consentimiento de su titular, salvo, claro está, que se dedique a localizar, recopilar y exponer toda la información y contenido existente en Internet, incluyendo datos personales sin el consentimiento de su titular). En mi opinión si los buscadores no estuvieran legitimados, se perdería gran parte de su esencia y de la Internet que actualmente conocemos y disfrutamos. Pero las preguntas continúan, obviamente: ¿tenemos derecho a exigir que los buscadores no localicen nuestros datos cuando el sitio web que originariamente los publica permite su indexación? ¿Lo tenemos frente al buscador aun cuando la lesión se produce en el sitio web concreto donde se han publicado nuestros datos? ¿Y con independencia o no de que exijamos también la retirada de nuestros datos respecto a la publicación en origen? ¿Incluso aunque dicho sitio web no haya ocasionado un perjuicio merecedor de reparo al titular de los datos? (Buena patata caliente tiene actualmente el TJUE).

En mi opinión lo que sucede es que, como apuntaba antes, hay una serie de derechos que quedan más expuestos en el entorno digital, pero no sólo los relativos a nuestros datos de carácter personal, sino que también podríamos hablar del derecho al olvido respecto al derecho al honor, la intimidad y la propia imagen, o en relación con la propiedad intelectual (art. 14.6º LPI), derechos todos ellos que guardan especial vinculación con lo que es nuestra identidad digital, de modo que eso que se ha dado en llamar derecho al olvido podría llegar a predicarse también de las personas jurídicas.

Pero volvemos de nuevo al punto de partida: ¿existe o es simplemente la aplicación de estos derechos en el ciberespacio y por lo tanto realmente no hay nada nuevo? Cuanto más pienso sobre ello más me voy convenciendo de que si existiera un derecho nuevo sería, en todo caso, porque estos derechos requieren un tratamiento distinto cuando los aplicamos al entorno on-line que cuando los aplicamos al entorno off-line. Todos ellos, en su aplicación, encuentran su límite en otros derechos (principalmente la libertad de expresión y el derecho de información) e intereses legítimos (como los que pueda haber tras la publicación en boletines oficiales), pero la cuestión es si debemos ponderar de forma distinta debido a ciertas características que influyen de forma relevante en Internet y que son la amplificación (repercusión, alcance, rapidez y facilidad en la transmisión de la información), la accesibilidad a la información (más fácil, cómoda y barata) y la permanencia de la misma.

Los boletines oficiales en papel, por poner un ejemplo, no tenían la repercusión que actualmente tiene un boletín oficial electrónico. Lo que se publicaba en un boletín oficial en papel o en un periódico en papel, dejaba pronto de ser fácilmente accesible y, dependiendo de la publicación o contenido y su relevancia pública o su interés, permanecía más o menos tiempo en la memoria de aquellos que hubieran accedido al contenido. Aquel que quería saber o investigar sobre el asunto concreto, transcurrido un tiempo, debía llevar a cabo una labor que generalmente implicaba mayor esfuerzo, tiempo y coste que lo que supone actualmente gracias a Internet. Ahora lo que se publica en un boletín electrónico o en un periódico digital queda de forma permanente e indefinida en Internet, a nuestra disposición en breves segundos cómodamente desde el sofá de nuestra casa. Internet se ha convertido así en una extensión de nuestra memoria. Qué quieren que les diga, visto así la denominación “derecho al olvido” o “derecho a ser olvidado” me resulta de lo más acertado.

Si concluimos que esos elementos que influyen poderosamente en el desarrollo de los derechos mencionados en el entorno digital justifican que éstos se apliquen de manera distinta en el mundo on-line que en el mundo off-line quizá sí podamos decir que estamos ante un nuevo derecho.

2013-01-27 - OLVIDO02

Yo, sinceramente, aún no lo tengo claro. Bien puede tratase sin más de que estos derechos se ejercitan más porque gracias a las tecnologías se vulneran más y/o su vulneración provoca un perjuicio mayor. Y paradójicamente, en principio, veo más clara la existencia de un nuevo derecho en el denominado derecho al recuerdo*, entendido, no como que exista un interés legítimo a no ser olvidado, sino como derecho a la integridad de la identidad digital que cada uno va creando de sí mismo, o derecho a tu vida digital.

En todo caso hay otra cuestión que bien pudiéramos plantearnos, y es que hablamos mucho de nuestros derechos, pero ¿nadie se ha detenido a observarlo desde la perspectiva de que quizá todos deberíamos estar obligados a desempeñar una especial cautela a la hora de acoger la información a la que accedemos en Internet?

Y ¿quién sabe? A lo mejor estamos equivocados y el derecho al olvido es un gran error, un parche, una máscara, y quizá fuera mejor dejar que la selección natural continúe haciendo su trabajo y de lugar a un desarrollo cognitivo que permita a nuestra especie convivir con tanta información, muchas veces descontextualizada, es decir que nos permita interpretar la información contenida en Internet, arrancarnos ciertos prejuicios, que no nos afecte tanto la opinión que los demás puedan tener de nosotros mismos, enterrar el morbo, esperar la condena en sentencia firme y creer después en la reinserción, aceptar que existen nombres duplicados, mirarnos los cuerpos y saber ser más animales, ser conscientes de que todos cometemos errores, convivir con las imágenes permanentes de nuestros difuntos…

Sea como sea y derive el derecho al olvido en lo que derive, es probable que las futuras generaciones de humanos sean, precisamente gracias a la tecnología, más humanos. O eso me gusta pensar.

*No sé cuánto tiempo estará disponible el contenido de este enlace debido a la reciente desaparición de la APDCM y en una especie de “metaderechoalrecuerdo” reivindico desde aquí su permanencia.

El Código Penal y la divulgación no autorizada de grabaciones o imágenes íntimas.

El pasado mes de noviembre, a raíz de lo acaecido en la Universidad de Deusto, publiqué en este blog la entrada titulada “Transmisión, obtención y difusión de fotos íntimas y la expectativa razonable de intimidad“. La conclusión que quise transmitir en ese post era que cabía apreciar responsabilidad penal de quien obtuviera imágenes íntimas de una wifi pública, a pesar de que ésta sea un entorno abierto y por lo tanto no seguro para transmitir datos sensibles pues éstos quedan “a la vista” de cualquier usuario de dicha wifi.

En esa ocasión no me detuve en analizar con detalle si existe o no responsabilidad penal de la persona a la que la víctima o el perjudicado ha facilitado directamente (consintiendo por tanto en la obtención) las imágenes, y que posteriormente las difunde. Muy brevemente expuse que en mi opinión, aunque sí podemos estar ante un ilícito civil, tal persona no podría ser castigada penalmente conforme al Código Penal vigente. ¿Por qué? Porque siempre había entendido que, en resumen, para que la posterior divulgación de esas imágenes pudiera ser considerada delito, era necesario haberlas obtenido a su vez de manera ilícita. Además, si no fuera así ¿qué sentido tendría la reforma del Código Penal que se ha anunciado precisamente al respecto?

Sin embargo, para otros compañeros esta cuestión no estaba tan clara. De hecho, para mí, a día de hoy tampoco lo está, puesto que además existe alguna sentencia en sentido contrario al aquí explicado. Para no extenderme demasiado véase mi propio comentario en el post citado. Desde entonces es algo sobre lo que no he dejado de dar vueltas (ojo, tampoco me quita el sueño, no me toméis por una psicópata del Derecho, o algo así).

Hoy me encontrado con un artículo publicado en la revista digital El Derecho, que quizá puede arrojar algo de luz al respecto: “¿Debe reforzarse la tutela del derecho a la intimidad mediante la reforma del Código Penal, en los supuestos de difusión de imágenes o grabaciones de carácter reservado?” En él abordan la cuestión cuatro magistrados y un fiscal, y me ha parecido conveniente compartirlo porque, a parte de que no hay mucho material sobre el tema, me ha sorprendido la coincidencia en sus opiniones. Resumidamente se acaba concluyendo que la conducta es atípica (existe una láguna) y por lo tanto no puede castigarse penalmente a quien difunde este tipo de imágenes si las obtuvo con consentimiento de la víctima.

Y vosotros, ¿qué opináis?

¿Qué es #DebateAbiertoCon?

En ocasiones leo tuits.

#DebateAbiertoCon

Y algunos de esos tuits que leo a colegas (o las noticias o posts a los que enlazan) hacen que me asalten dudas, o que discrepe, o que quiera saber más. Entonces pregunto a quien lo publicó. Soy muy preguntona, lo reconozco, avisadme cuando se cree la Asociación de Preguntones Anónimos (me nombrarán Presidenta, y oye, un cargo es un cargo).

El asunto es que, si el increpado se presta a ello, se inicia un “minidebate”, ya sea en abierto o en privado, y he pensado que esas pequeñas charlas, si la materia lo merece y el interlocutor acepta, pueden desarrollarse un poquito más en un post conjunto con formato de diálogo (aquí puedes ver algunos ejemplos de DebateAbiertoCon), lo que, en mi opinión, tiene las siguientes ventajas:

  • Podemos explicarnos sin el límite de los 140 caracteres (ojo, que a mí Twitter me gusta como al que más, ¡pero!).
  • Queda en los blogs, de modo que otros puedan leer y compartir el debate, y por supuesto participar a través de los comentarios. Ya sabéis, aunque siempre nos quedará la biblioteca del Congreso de los EEUU (o quizá no), a los tuits casi casi se los lleva el viento (salvo que seas famoso, claro).
  • Fomenta la relación entre los compañeros.
  • Y sobre todo, al menos para mí, supone una divertida manera de aprender.

De entrada, y aunque a mí la idea me gusta, no cuento con que vaya a haber muchos #DebateAbiertoCon, pues si ya cuesta ponerse de acuerdo con uno mismo para escribir, vete tú a conciliar tus circunstancias y tiempos con las circunstancias y tiempos de otro… Pero aquí queda la idea y la herramienta para poder aprovecharla si surge la oportunidad.

Eso sí, si se hace que se haga bien. Y para ello es bueno establecer un mínimo de reglas:

  1. Los debates tienen que versar sobre Derecho TIC (es sobre lo que trata predominantemente este blog).
  2. Excepcionalmente pueden intervenir más personas, pero lo ideal es que la charla se produzca entre dos participantes, ya que, por la forma en que se desarrolla, con más personas puede ser difícil seguir el hilo argumental de cada uno y las interacciones con los demás.
  3. El debate se llevará a cabo, según los participantes prefieran, por medio del correo electrónico, o de Google Docs u otra herramienta similar.
  4. Relax, no se trata de ver quién tiene razón o quién sabe más, sino sólo de una amigable charla, como la que puede surgir con un compañero que te encuentras tomando un café en torno a una noticia en el periódico.
  5. No hay un tiempo ni extensión límites establecidos para conseguir una redacción final. Todos tenemos muchas cosas que hacer, no es plan de estresarnos también con esto.
  6. El texto definitivo será consensuado por todos los intervinientes.
  7. Todos los participantes consienten que el texto definitivo consensuado se podrá publicar en los blogs de cuantos participen bajo licencia Creative Commons BY-NC-ND 3.0 (Atribución-NoComercial-SinDerivadas).

Por último, no esperes a que yo te proponga un #DebateAbiertoCon, también tú puedes proponérmelo a mí. Ah y si esta idea te gusta, siéntete totalmente libre de copiarla para tu blog ;)