“Panakos”, ese medicamento infalible.

Sé perfectamente cómo se siente un médico cuando un paciente llega a su consulta buscando ansiosamente un remedio para la colitis que le acucia desde hace semanas, porque el frutero del barrio le ha recomendado tomar “Panakos”, un remedio infalible que acabará con su calvicie en menos de dos semanas (dos semanas, oiga… calvicie…, frutero…). Situaciones muy similares vivimos a veces los abogados.

Y es que circula cada mensaje por ahí… Ayer, con buen criterio, me preguntaba un amigo si se puede hacer o no lo que se indica en cierta publicación que aparece en su Facebook (se ha borrado nombre y modificado imagen de quien lo publica):

En primer lugar, obviamente es fácil adivinar que el contrato de alquiler que firmara bajo tales condiciones el propietario con un familiar o persona de su máxima confianza no vale. Es un contrato nulo porque se encuentra viciado uno de los tres requisitos necesarios para que los contratos sean válidos: la causa, que podemos definir como el fin que se persigue (o dicho más en “abogadés”: la función práctico-social concreta querida por los contratantes al celebrar el contrato).

Se trataría, por tanto, de un contrato simulado y/o fraudulento. Simulado porque con él se persigue engañar a la entidad de crédito hipotecante, y fraudulento porque también puede pretender esquivar ciertas consecuencias de nuestro ordenamiento jurídico (que mejor o peor, es el que es).

Los síntomas de tal simulación o fraude están claros:

.- El alquiler se hace una vez que el propietario del inmueble ya ha incurrido en impago de las cuotas del préstamo hipotecario. Cierto es que podría fijarse una fecha anterior en el contrato, pero deberían poder demostrarse entonces los pagos de la renta desde el supuesto inicio de la relación arrendaticia. Además tenemos la fecha de inscripción en el Registro de la Propiedad, inscripción que, por cierto, no sería necesaria, y menos si lo que se quiere, entre otras cosas, es dilatar el procedimiento judicial (un lumbreras el autor del texto).

.- Se contrata con un familiar o amigo, en definitiva alguien de máxima confianza. Esta persona no va a ocupar realmente el piso, y los vecinos del edificio serán testigos de quién vive realmente en el inmueble.

.- Lo del precio simbólico… sencillamente es de traca.

.- Una duración del contrato de alquiler por 100 años (es que me mondo): Nada impide a las partes fijar el plazo que quieran en un alquiler pero ¿100 años?… hombre, alma de cántaro, no se puede ser más burdo. Este solo dato por sí podría dar lugar a la nulidad, puesto que estamos ante un contrato a perpetuidad, y por tanto contrario al orden socio-económico.

A parte de todo lo anterior, se ha de indicar que si en la ejecución hipotecaria se valorara la vivienda teniendo en cuenta que la misma se encuentra alquilada, su tasación se reduciría y no podemos olvidar que, mientras no se pacte otra cosa en la hipoteca, si con la adjudicación del inmueble no se logra saldar toda la deuda con el banco, éste puede seguir yendo contra el ya anterior dueño y el resto de sus bienes y derechos.

“Es totalmente legal” dice… No. No lo es. Otra cosa es que se haga (de hecho se están haciendo prácticas de este estilo) y que con ello se pueda poner obstáculos en la ejecución hipotecaria y consiguiente desahucio, pero entre costas, otras cuestiones y posibles indemnizaciones, quizá no salga tan a cuenta. Y si se hace, al menos que se haga mejor (a poco).

Sobre adaptación LOPD a coste cero y subvenciones de Fundación Tripartita

(Con bonus track al final)

Ayer desayunamos con la noticia de que la Federación de Municipios y Provincias de Castilla La Mancha y ‘Conversia Consulting Group’ firman un convenio para implantar la Ley de Protección de Datos en ayuntamientos” en 20 Minutos.es y en la propia web de la FEMP. Hasta aquí todo correcto. Peeeeero (sí, claro, tiene que haber un ‘pero’), leemos sorprendidos el último párrafo de la noticia:

“Por último, los proveedores de las administraciones locales de nuestra región también podrán verse beneficiados, ya que la práctica totalidad de los mismos podrán adaptarse también a la LOPD sin coste para sus empresas, al ser dicha actuación subvencionable a través de la Fundación Tripartita” (¡Toma toma toma!)*

Pues bien, esto, señores, es una utilización fraudulenta de los créditos o subvenciones destinados a la formación de empleados y así lo viene advirtiendo desde hace tiempo la propia Fundación Tripartita. Pero en este caso llama poderosamente la atención que una federación de municipios se vea implicada en ello (supongo que habrá sido por desconocimiento o error…).

El compañero David González Calleja (@NTAbogados) lo explica muy bien y muy clarito en su blog, en el que acaba de publicar el siguiente post (libre de derechos):

Administraciones Públicas que colaboran en la utilización fraudulenta de créditos formativos

Leo que la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha (FEMP-CLM) ha firmado un convenio para “implantar la normativa sobre la Ley de Protección de Datos en la totalidad de las corporaciones locales de Castilla-La Mancha”. Además podrán beneficiarse del convenio también “los proveedores de las administraciones locales de la región también podrán verse beneficiados, ya que la práctica totalidad de los mismos podrán adaptarse también a la LOPD sin coste para sus empresas, al ser dicha actuación subvencionable a través de la Fundación Tripartita.Se está diciendo claramente que los créditos formativos para los trabajadores se utilizarán para la prestación de servicios de adecuación a la normativa sobre protección de datos. Tal y como ha advertido en dos ocasiones la Fundación Tripartita (en 2010 y2012), el crédito  “está destinado exclusivamente a la realización de acciones formativas y permisos individuales de formación de los trabajadores”, con lo que utilizarlo para otras cosas puede llegar a ser constitutivo de fraude”. Además “las actuaciones realizadas por el Servicio Público de Empleo Estatal han dado lugar, en ocasiones, a la imposición de sanciones a las empresas ofertantes de los citados servicios de protección de datos de carácter personal, así como a la devolución de las bonificacionespracticadas en materia de formación en el empleo por parte de las empresas. Sin perjuicio de ello, podrá darse traslado de los hechos constatados y de las evidencias obtenidas tanto a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, como a los órganos administrativos pertinentes en materia de Defensa de la Competencia”.


El caso es especialmente sangrante, puesto que según cuenta la noticia se bonificará a las entidades si estas participan en el proceso de forma activa mediante la comunicación a sus proveedores de la necesidad de cumplir la LOPD”. Es decir, no sólo se colabora en la utilización ilícita de fondos de formación para los trabajadores, sino que la propia administración tiene la desfachatez de actuar como comercial de una entidad privada que realiza estas actuaciones.
Así, mientras un gran número de profesionales del sector nos dedicamos a prestar servicios de calidad a nuestros clientes, con el objeto de cumplir correctamente con la Ley y ayudar a las empresas, una administración pública se dedica a firmar convenios para detraer fondos del derecho que tienen los trabajadores a su formación, puesto que se utilizarán créditos para pagar servicios que no son formativos. Enhorabuena a la FEMP-CLM por esta ejemplar actuación.

B.T.: Sobre ‘Conversia Consulting’, he realizado una búsqueda en Google y éste es el resultado de búsquedas relacionadas con ‘Conversia’ que lanza dicho buscador:

Queda expuesto esto último en otro orden de cosas, sin intención alguna de descrédito (pues por sí nada debe indicarnos), sino como constatación de un hecho objetivo que me ha resultado llamativo y me hace pensar que puede que esta empresa acabe necesitando un abogado especializado en defensa del derecho al honor…

P.S.: ¡Gracias David!

* 16-06-2012: Edito este post debido a que, al menos, desde el día de ayer la Federación de Municipios y Provincias de Castilla La Mancha ha modificado el último párrafo de la noticia comentada, siendo el texto actual: “Por último, los proveedores de las administraciones locales de nuestra región también podrán verse beneficiados, ya que la práctica totalidad de los mismos podrán adaptarse también a la LOPD“, donde antes podía leerse el texto transcrito en el segundo párrafo de este artículo, como se aprecia en la siguiente captura realizada el pasado día 12 de junio:

Es de agradecer que se suprima el texto inicial, para al menos no dar pie a nuevas confusiones, pero qué duda cabe que hubiera sido más correcto y más elegante (y menos sospechoso…) añadir una nota explicando a qué obedece la modificación del texto.