Emprender en la abogacía

Ayer Lawyerpress publicaba un artículo mío de colaboración sobre el emprendimiento en la abogacía. Como no me considero experta en la materia, creí más conveniente comentar algunas cuestiones que, por mi experiencia personal, considero que es mejor evitar a la hora de dirigir o gestionar un despacho de abogados. A quien le interese el tema puede leerlo aquí. Espero que guste.

¿Por qué debe disuadirse a la gente de ir al Juzgado?

Leo en noticias, blogs y Twitter que los partidarios de las tasas judiciales mantienen que éstas no se han aprobado con un ánimo recaudatorio, sino disuasorio. Pues bien, no sé cuál de las finalidades realmente perseguidas me preocupa más, quizá, por concepto, la de la disuasión. Y es que no entiendo por qué debe desanimarse a la gente de acudir a los tribunales a resolver sus problemas.

Sistemas de resolución de conflictos existen varios. Así, en términos generales, a parte de acudir a juicio, las partes pueden someterse al arbitraje, a la mediación, incluso si quieren que su controversia se decida a “cara o cruz”, pero la Administración de Justicia cumple un papel fundamental en la tutela del Derecho Objetivo y además hay materias que no pueden quedar a la mera voluntad de las partes o de un tercero que no cumpla ciertos requisitos.

Se nos dice que la intencionalidad de la disuasión tiene por fin desatascar los juzgados. Pues bien, coincido plenamente con Susana Macías cuando dice que hay otras formas de lograr esto y de conseguir una necesaria y amplia reforma de la Administración de Justicia. Se está “castigando” a la gente por acudir a los tribunales para solucionar sus problemas jurídicos. ¿Qué deberían hacer? ¿Resolverlos a puñetazos, mordicos y tirones de pelo?

No culpen a los ciudadanos de que la justicia sea deficiente. No creo que los tribunales estén atascados porque nos dediquemos a presentar demandas de forma caprichosa. En trece años que llevo de ejercicio profesional, cumplidos justo el mes pasado, y tras intervenir en más de 300 procedimientos judiciales no penales (que éstos, de momento, se salvan de las tasas) sólo recuerdo un caso en el que no me parece justificado haber acudido al pleito. Y estoy segura de que la mayoría de compañeros podrían decir algo similar. Abusos siempre se producen, y se ha de intentar adoptar las medidas necesarias para evitarlos, pero en todo caso deben ser contemplados como el menor de los riesgos que podemos correr, sobre todo en contraposición con los perjuicios que ocasiona cualquier sistema que impida directa o indirectamente, en mayor o menor medida, que todos o parte de los ciudadanos gocen de una correcta y eficaz defensa de sus derechos.

Personalmente opino que por medio de lo que conocemos como Administración de Justicia deberían establecerse mecanismos públicos de resolución de los conflictos tanto heterocompositivos (decide un tercero) como autocompositivo (las partes, ayudadas, son quienes deciden la solución), debiendo incluirse aquí las figuras de abogados y, en su caso (de decidirse finalmente si son o no necesarios) procuradores, que pasarían a actuar como funcionarios, sin perjuicio de que, aquel que quiera pueda contratarse a uno privado. Sé que posiblemente acabe de ganarme varias enemistades, pero es lo que creo. Algo así como una seguridad social de la justicia. Entiendo que mientras esto no sea así siempre puede haber alguien para quien resolver sus conflictos jurídicos le suponga tal esfuerzo económico que se le impida una eficaz defensa de sus derechos. Pero al menos no limitemos aún más el acceso a la justicia.

Si bien puede ser cuestionable que dos no se peguen si uno no quiere, lo que es indudable es que dos no alcanzarán un acuerdo si uno no quiere, y que no existe aún suficiente cultura de arbitraje y/o mediación en nuestro país.  Estoy plenamente convencida de que la mediación tiene infinitas ventajas respecto a los pleitos contenciosos, pero fomentar su uso no debe hacerse en detrimento de otra vía absolutamente legítima de resolución de conflictos como es la jurisdiccional.

En definitiva, tengo la sensación de que se nos obstaculiza circular por una autovía con bastantes baches y muchas retenciones, por la que es obligatorio circular para algunos vehículos, diciéndonos que en su lugar vayamos por una autopista vacía de tráfico pero aún pendiente de asfaltar y respecto a la cual nuestro compañero de viaje puede directamente negarnos el acceso o, una vez dentro, echarnos en cualquier momento.

INSERT COIN… 5… 4… 3… 2… 1… ¡GAME OVER! – #STOPTASASJUDICIALES

14 de noviembre de 2012, 16:42 horas. Leo en Twitter que finalmente, y como lamentablemente suponíamos, el Senado aprueba definitivamente el Proyecto de Ley de Tasas Judiciales, contra el que la abogacía española en su inmensa totalidad ha venido mostrando su total disconformidad por suponer un obstáculo para el acceso a la tutela judicial efectiva al que todo ciudadano tiene derecho, como se recoge en el Art. 24 de nuestra Constitución.

Muchos compañeros han escrito ya sobre este tema en sus respectivos blogs, bien informando sobre lo que supone esta Ley, bien mostrando su rechazo o bien poniendo ejemplos de lo que puede suceder una vez entren en vigor. Ahora que me queda un hueco libre aprovecho yo, si bien me limitaré a exponer un ejemplo:

Propietario de un inmueble arrendado demanda al inquilino por falta de pago de la renta y solicita tanto el desahucio como el pago de la renta pendiente. Desde hace unos meses los únicos ingresos del inquilino consisten en una ayuda de unos 400 €. De modo que, teniendo derecho a ello, solicita justicia gratuita para ser asistido y representado por abogado y procurador de oficio respectivamente. Los respectivos Colegios profesionales designan de forma provisional a un abogado y a un procurador. Pero ojo, porque estas designaciones provisionales no son reconocimiento del derecho a beneficiarse de la justicia gratuita, sino que tal reconocimiento lo estima, en su caso, la Comisión de Justicia Gratuita, y puede tardar algunos meses en dictar la correspondiente resolución.

Volvamos al juicio de desahucio (por favor no confundir con las ejecuciones hipotecarias, que ante las últimas noticias parece que están monopolizando el término). El propietario alega que la renta lo era de 500 € y el inquilino lleva nueve meses abonándole la mitad de la renta pactada en el contrato, de modo que le debe 2.250 €. Por su parte el arrendatario mantiene que llegó a un acuerdo verbal con aquél por el que, hasta que mejorara su situación económica, sólo le cobraría la mitad. Existe un testigo, pero el Juzgado de Primera Instancia no lo admite como prueba aduciendo que, tratándose de un desahucio por falta de pago, al inquilino sólo le cabe demostrar el abono de la renta (y pasamos olímpicamente de la indeterminación de la renta).

Así pues, tenemos una sentencia declarando el desahucio y señalando una fecha para proceder al mismo mediante el oportuno lanzamiento (sí, se llama así al acto concreto por el que se echa a un ocupante de la vivienda que habita). El inquilino quiere recurrir en apelación, pero con la nueva Ley para ello tendrá que abonar 811,25 € de tasas. Y el lector avispado dirá “oiga, pero si tiene derecho a justicia gratuita no tendría por qué pagarlo ¿no?”, y efectivamente así es, con la particularidad de que la Ley exime del pago de la tasa a las personas “a las que se les haya reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita” y las designaciones provisionales no acreditan tal reconocimiento. De modo que, si la Comisión de Justicia Gratuita de turno tarda más tiempo en reconocer el derecho a justicia gratuita que el Juzgado en dictar sentencia, el inquilino no puede demostrar que le asiste ese derecho y que por lo tanto queda exento del pago de la tasa. Ya me dirán de dónde saca 811,25 € el inquilino de este ejemplo para poder apelar. ¿Impide o no impide la Ley de Tasas Judiciales el acceso a una tutela judicial efectiva?

15/11/2012 – Añado a esta entrada:

En definitiva las tasas impiden que alguien sin recursos suficientes pueda hacer valer sus derechos si la demanda que tiene que presentar para ello está sometida a un corto plazo (pensemos en los recursos contencioso-administrativos con plazo de dos meses, y tasas de un mínimo de 200 € o 350 € en función del procedimiento), ya que fácilmente puede no obtener el reconocimiento a la justicia gratuita con anterioridad a dicho plazo.

Sepan que en los conflictos matrimoniales donde urge adoptar una serie de decisiones que se apliquen durante el tiempo en el que se tramita el procedimiento de divorcio o separación (por ejemplo la adjudicación del uso de la vivienda para no estar viéndose las caras todos los días mientras se están “pegando” en el juzgado), existe un procedimiento especial que se llama de Medidas Provisionales. Pues bien, en función de la cuantía de la tasa que haya que abonar por tales Medidas, habrá quien prefiera, o no lo quede más opción, seguir soportando vivir bajo el mismo techo que su contrario.

En cualquier caso, vayan pasando por caja…

“Panakos”, ese medicamento infalible.

Sé perfectamente cómo se siente un médico cuando un paciente llega a su consulta buscando ansiosamente un remedio para la colitis que le acucia desde hace semanas, porque el frutero del barrio le ha recomendado tomar “Panakos”, un remedio infalible que acabará con su calvicie en menos de dos semanas (dos semanas, oiga… calvicie…, frutero…). Situaciones muy similares vivimos a veces los abogados.

Y es que circula cada mensaje por ahí… Ayer, con buen criterio, me preguntaba un amigo si se puede hacer o no lo que se indica en cierta publicación que aparece en su Facebook (se ha borrado nombre y modificado imagen de quien lo publica):

En primer lugar, obviamente es fácil adivinar que el contrato de alquiler que firmara bajo tales condiciones el propietario con un familiar o persona de su máxima confianza no vale. Es un contrato nulo porque se encuentra viciado uno de los tres requisitos necesarios para que los contratos sean válidos: la causa, que podemos definir como el fin que se persigue (o dicho más en “abogadés”: la función práctico-social concreta querida por los contratantes al celebrar el contrato).

Se trataría, por tanto, de un contrato simulado y/o fraudulento. Simulado porque con él se persigue engañar a la entidad de crédito hipotecante, y fraudulento porque también puede pretender esquivar ciertas consecuencias de nuestro ordenamiento jurídico (que mejor o peor, es el que es).

Los síntomas de tal simulación o fraude están claros:

.- El alquiler se hace una vez que el propietario del inmueble ya ha incurrido en impago de las cuotas del préstamo hipotecario. Cierto es que podría fijarse una fecha anterior en el contrato, pero deberían poder demostrarse entonces los pagos de la renta desde el supuesto inicio de la relación arrendaticia. Además tenemos la fecha de inscripción en el Registro de la Propiedad, inscripción que, por cierto, no sería necesaria, y menos si lo que se quiere, entre otras cosas, es dilatar el procedimiento judicial (un lumbreras el autor del texto).

.- Se contrata con un familiar o amigo, en definitiva alguien de máxima confianza. Esta persona no va a ocupar realmente el piso, y los vecinos del edificio serán testigos de quién vive realmente en el inmueble.

.- Lo del precio simbólico… sencillamente es de traca.

.- Una duración del contrato de alquiler por 100 años (es que me mondo): Nada impide a las partes fijar el plazo que quieran en un alquiler pero ¿100 años?… hombre, alma de cántaro, no se puede ser más burdo. Este solo dato por sí podría dar lugar a la nulidad, puesto que estamos ante un contrato a perpetuidad, y por tanto contrario al orden socio-económico.

A parte de todo lo anterior, se ha de indicar que si en la ejecución hipotecaria se valorara la vivienda teniendo en cuenta que la misma se encuentra alquilada, su tasación se reduciría y no podemos olvidar que, mientras no se pacte otra cosa en la hipoteca, si con la adjudicación del inmueble no se logra saldar toda la deuda con el banco, éste puede seguir yendo contra el ya anterior dueño y el resto de sus bienes y derechos.

“Es totalmente legal” dice… No. No lo es. Otra cosa es que se haga (de hecho se están haciendo prácticas de este estilo) y que con ello se pueda poner obstáculos en la ejecución hipotecaria y consiguiente desahucio, pero entre costas, otras cuestiones y posibles indemnizaciones, quizá no salga tan a cuenta. Y si se hace, al menos que se haga mejor (a poco).

A vueltas con la dación en pago en las hipotecas

Este post lo debo desde hace tiempo. Al principio pensé que no merecería la pena, que las aguas volverían a su cauce, que el debate generado pronto se apagaría. Pero no. Y cada vez es más frecuente que surja –con un amigo, un colega o un cliente- la conversación en torno a la dación en pago en las ejecuciones hipotecarias.

El tema lo he tratado también en distintas ocasiones en twitter, donde se han creado hastags para hablar de esta propuesta (#adjudicacionbancaria, #dacionenpago…), pero los 140 caracteres me limitan bastante a la hora de explicar con claridad mi opinión al respecto (¡que soy abogada!).

La dación en pago de la que hablamos consiste en resumidas cuentas en que, si no puedes hacer frente al pago de tu hipoteca y el banco ejecuta judicialmente su crédito, le entregas la vivienda y quedas así completamente liberado de cualquier deuda que tuvieras con él por el préstamo hipotecario.

Intentaré escribir con la mayor sencillez posible, poner ejemplos claros y allá donde deba usar números, usarlos bajitos y rechonchos (redondeados), que para algo somos de letras…

Empecemos por entender lo qué es una hipoteca: se trata de garantizar el pago de un préstamo con un inmueble. El banco te concede el préstamo porque su riesgo de pérdida es mínimo ya que tienes un patrimonio concreto y vinculado a la financiación para responder en caso de impago. Ahora bien, es un patrimonio cuyo valor fluctúa en función de los dictados del mercado. Es por lo tanto fundamental que los bancos se aseguren el menor riesgo posible en estas operaciones o de lo contrario ninguna entidad financiera concedería hipotecas y, seamos realistas, hoy por hoy para la mayoría de los mortales son probablemente el 2º sistema menos malo para la adquisición de inmuebles. El primero es que te toque la lotería.

Actualmente si dejas de pagar la hipoteca que conseguiste para poder comprar tu vivienda, vendrá el banco, la ejecutará por el Juzgado y éste ordenará la subasta de tu casa. Es en ese momento cuando, debido al sistema de subastas que articula la ley, puede suceder que el piso le sea adjudicado directamente al banco por la mitad de su valor, mitad que en muchos casos no satisfará el total de la deuda y por lo tanto seguirás obligado a pagar el resto aún pendiente.

Por ejemplo: Para comprarte el piso, BANKLOFE (“Banco Lobo Feroz”) te concedió un préstamo hipotecario por valor de 100, del que a día de hoy ya le has devuelto 40 (hablo del principal). Ante el impago reiterado por tu parte de algunas cuotas del préstamo, el banco decide ejecutar la hipoteca. La vía prevista para convertir el ladrillo de tu piso en dinerito contante y sonante, es sacarlo a subasta, a ver si con suerte alguien lo quiere y da hasta para repartir entre BANKLOFE y tú. Pero resulta que con arreglo al sistema establecido para las subastas de inmuebles en la ley (concretamente en la Ley de Enjuiciamiento Civil), puede darse el caso de que, si no hay postor o el que hay no cumple los requisitos o no mantiene su postura, el banco se queda con tu casa, pero ojo, se la queda por el 50% de su valor, de modo que a efectos del saldo de la deuda aún le debes 10, más las costas y los intereses que, pongamos, pueden ser otros 10.

Es decir que le debías 60, se queda con tu casa que vale 100 y aún le debes 20 más. ¿Es injusto? Tú me dirás…

Ahora trataré de explicar por qué me parece igualmente injusto imponer a la entidad crediticia la dación en pago en las ejecuciones hipotecarias.

Obviamente en la actual coyuntura económica, dada la bajada que ha sufrido el precio de la vivienda, lógico es pensar que con la dación en pago quienes pueden salir perdiendo son los bancos, sobre todo aquellos que han concedido hipotecas muy por encima del valor real del inmueble. Y como además, reconozcámoslo, nos caen mal porque en este sistema en que nos movemos nos tienen agarrados por los cataplines, de pronto nos frotamos las manos ante la sola idea de que se les pueda hacer algún tipo de jugarreta.

Aplicando la dación en pago a la hipoteca, si debes 80 al banco o caja, y por tu vivienda ahora te dan como mucho 70, la entidad sufriría pérdidas por valor de 10, a lo que además han de sumarse las provisiones que están obligados a efectuar, el coste del proceso judicial, y quizá otra serie de operaciones como cálculo de amortizaciones y que confieso desconozco por completo. Lo cierto, en cualquier caso, es que el banco sale perdiendo. Y lamentablemente en este juego si la banca pierde, perdemos todos.

Si se modifica la ley para que las entidades financieras queden obligadas a aceptar la adjudicación del inmueble en pago de la deuda total, los bancos y cajas quedan avocados a asumir un riesgo alto al conceder hipotecas, y por tanto la solución para ellos es no concederlas, o concederlas a un precio (interés) elevadísimo e imponiendo un esfuerzo económico y quizá infinidad de garantías adicionales al cliente. El acceso a la propiedad inmobiliaria queda así muy restringido y apto sólo para unos pocos. Ahora, todo depende de lo que queramos…

Pero esta última consecuencia no hace de por sí injusta a la dación en pago. Trasladada a las hipotecas, yo la considero injusta en sí misma y no sólo porque sea el banco el que pueda salir perdiendo. También el hipotecado podría resultar perjudicado con ella. No tenemos más que trasladarla al primero de los ejemplos expuestos para darnos cuenta: Si le debías al banco 60 y tu casa vale 100…

Ésta, en suma, es la razón por la que creo más acertado dirigir los esfuerzos hacia la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, para conseguir un sistema de subastas de inmuebles más razonable y flexible, y no para aprobar la dación en pago que, en mi opinión, sería salir de la sartén para caer en el cazo.

Si estás interesado en las ejecuciones hipotecarias puedes echar un vistazo también a “Panakos”, ese medicamento infalible.

Que si tu apellido, que si el mío mejor

A estas alturas os supongo a todos conocedores de la polémica generada en España respecto a la reforma sobre los apellidos. Personalmente me parece bien que se pueda elegir (aunque esto es posible en España desde 1999) pues a todos, o a muchos, nos gustaría perpetuar nuestro apellido, si bien veo inconvenientes que habría que salvar. Lo cierto es que resultaba muy práctico para según qué cosas (trámites legales y policiales, búsqueda de familiares ante un accidente, etc) la seguridad de saber que el primer apellido sólo podía ser uno, el del padre. Pero lo que me llama poderosamente la atención es que en caso de desacuerdo se elija por orden alfabético.

Pero ¿a quién se le ha ocurrido tal solución?

Que alguna hay que dar, esta claro, y a bote pronto a mí no se me ocurre la idónea, pero es posible que sea mejor la tan socorrida y vieja de la moneda al aire –o cualquier otro sistema de sorteo-, pudiendo dar fe del resultado el propio funcionario del Registro Civil de turno.

Es que lo de tirar del abecedario… Siempre uno de los progenitores contará con ventaja a la hora de entablar la discusión con el otro progenitor sobre el primer apellido para el churumbel, y eso sin tener que poner cara de póquer (o sí). Y luego está lo de los apellidos que, según ciertos estudiosos del tema, podrían llegar a desaparecer…

En definitiva, que está muy bien lo de equiparar condiciones y derechos para ambos sexos, aunque hay otras cuestiones más importantes por donde merece más la pena empezar o continuar (léase “El mal llamado permiso de maternidad” en este mismo blog), pero al menos sería de agradecer un poquito más de rigor.

NOTA a 04/05/2011:

Acabo de enterarme de la noticia según la cual un funcionario decidirá el orden de los apellidos si no hay acuerdo. Bien. Me parece una medida algo mejor que la del alfabeto, pero lo que no acaba de convencerme es que la persona en cuestión lo decidirá “atendiendo siempre al interés superior del menor“. Lo entiendo para los casos en que por el orden de los apellidos pudiéramos tener dulces bebés llamados “Evaristo Piernabierta Zas” o “Eva Fina Segura” (que ya tendrían mala baba los padres en un caso así no ponerse de acuerdo…), pero ¿cómo narices va a decidir el funcionario entre dos apellidos de lo más normales en función del interés del menor?

En fin… ¿tendremos tercera entrega?

Cuándo acudir al abogado

Normalmente tendemos a pensar que se necesita a un abogado cuando ya existe un conflicto de naturaleza jurídica que requiere ser resuelto, es decir en última instancia o como último recurso.

Esta actitud se deriva en parte del miedo o rechazo que irracionalmente suele provocar verse en la necesidad de contratar los servicios de un abogado, pues se asocia tal necesidad con una imagen exagerada de nuestro problema, de tal manera que operan en nosotros reflexiones como las siguientes: “Debe tener un considerable problema para que haya acudido a un abogado”, y en sentido contrario “No necesito un abogado, mi situación no es tan grave”.

Y efectivamente puede que no se trate de un conflicto difícil y por tanto no precise la intervención de un abogado, pero siempre será aconsejable su asesoramiento profesional, pues en muchas ocasiones se acaba pagando costosas consecuencias por no haber prevenido.

Cuántas veces llaman a nuestra puerta clientes cuyas controversias se hallan en un estado tal que ya no tienen remedio o éste es extremadamente difícil. Sinceramente muchos de estos casos no habrían adquirido una gravedad de tal magnitud de haber contado con un buen asesoramiento legal en el momento adecuado, con base al cual saber decidir cuál es la mejor acción, estrategia o comportamiento a realizar. Para mayor tragedia estas situaciones por lo general acaban resultando mucho más costosas -tanto si finalmente se obtiene una solución satisfactoria como si no- de lo que habría supuesto una consulta a tiempo, y ello sin contar los angustiosos quebraderos de cabeza que pueda generar.

Así, por ejemplo: el futuro comprador de una vivienda firma previamente un contrato de señal, redactado unilateralmente por el vendedor, entregándole a éste 9.000,00 € y fijándose la fecha concreta en que ambos deberán firmar el contrato de compraventa. Llegado ese día, el comprador no ha logrado obtener un crédito hipotecario y en consecuencia carece de capital suficiente para comprar la vivienda, por lo que opta por no seguir adelante con la compraventa. Le comunica al vendedor tal decisión al mismo tiempo que le pide la devolución de la señal que le entregó, pero para su sorpresa el vendedor no accede a tal petición puesto que con arreglo a lo pactado y suscrito por ambos si la compraventa no se realiza en la fecha convenida por causa no imputable al vendedor, el comprador no recuperará la cantidad entregada en concepto de señal. El comprador ve así cómo pierde 9.000,00 € cuando podría haberlo evitado con una simple consulta a un abogado y/o solicitando a éste que revisase el contrato antes de firmarlo.

La condición expuesta en este ejemplo es muy sencilla, pero en la práctica se dan infinidad de situaciones en las que creemos ser conscientes de lo que estamos firmando y sin embargo podemos estar cometiendo grandes imprudencias.

Es importante y muy provechoso saber que el abogado no sólo puede actuar “a posteriori” en su faceta de defensor en juicio o fuera de él, sino que un abogado es también un asesor e incluso un mediador, y como tal realiza una gran labor “a priori”, preventiva, antes de que el problema surja y precisamente para evitar que éste se produzca, ahorrándole así al cliente, no sólo considerables pérdidas económicas, sino también grandes disgustos.