Transmisión, obtención y difusión de fotos íntimas y la expectativa razonable de intimidad.

A estas alturas supongo que todos estaréis al tanto de lo sucedido con ciertas fotografías de algunos estudiantes de la Universidad de Deusto que han sido compartidas a través de teléfonos móviles e Internet.

En un primer momento se habló de filtración de las fotos a través de la red wifi de la universidad (El Mundo y La Vanguardia).

Al parecer,  Deusto dispone de una red wifi de carácter privado, con una clave para cada alumno, y otra red pública a la que cualquier persona se puede conectar, y, según informa la propia universidad “Si alguien ha accedido a la información contenida en un dispositivo electrónico, sólo se  ha podido producir en caso de que el propietario no hubiera tomado medidas de seguridad para evitar el acceso a dicho terminal”.

En mi opinión es probable que lo que haya ocurrido sea sencillamente, no que se haya accedido a ningún dispositivo para conseguir las fotografías, sino que éstas se hayan captado al ser compartidas a través de la red wifi de la Universidad, ya sea la red privada o la pública.

Sin entrar en profundidad en cuestiones de índole técnica (pues depende, entre otras cosas, del tipo de router que se utilice para la conexión en red), en general cualquier persona que acceda lícitamente a una red wifi, bien por ser pública, bien por tener las claves en caso de ser privada, puede observar toda la información que circula a través de la misma en texto plano (no encriptada) mediante el uso de uno cualquiera de los software de escucha (“sniffers”) que existen.

Es pronto para saber qué ha sucedido exactamente y deberá llevarse a cabo la pertinente investigación, pero supongamos que esto es lo que ha ocurrido al compartirse las fotografías en ese entorno wifi, bien por los propios afectados, bien por terceras personas a quienes aquéllos previamente las hubieran enviado. En este último supuesto, estas terceras personas pueden ser responsables de un ilícito civil, por vulneración del derecho al honor a la intimidad y a la propia imagen de los afectados, pero es más difícil que acaben teniendo una condena penal. En octubre de este año el Gobierno anunció una reforma del Código Penal , por la que se castigará “la divulgación no autorizada de grabaciones o imágenes íntimas obtenidas con el consentimiento de la víctima, pero luego divulgadas sin que ésta lo sepa, cuando afecten gravemente a su intimidad”  y en el anuncio de dicha reforma se nos dice: “El Código Penal vigente sólo castiga el apoderamiento o interceptación de cartas o mensajes privados de la víctima, pero no preveía cuando era ella misma quien se los facilitaba a la persona que luego los difundía” (aclaración).

Y quien captó y posteriormente difundió esas imágenes ¿tiene algún tipo de responsabilidad penal?

De haber cometido un delito sería el de descubrimiento y revelación de secretos en alguna de sus modalidades previstas en el Art. 197 del Código Penal vigente en España. Ahora bien, para que cualquiera de estas conductas pueda ser considerada delito debe haberse cometido sin el consentimiento de la persona a quien se capta o intercepta la información. Y aquí es donde el terreno ya se vuelve más resbaladizo, pues podría considerarse que al haberse transmitido esa información en un entorno abierto, como puede ser una red wifi pública, se está consintiendo su publicidad (véase, por ejemplo, Sentencia del Tribunal Supremo 437/2010, de 16 de abril). Digamos, en un burdo ejemplo comparativo, que sería como si se penalizara a Maruja por escuchar e ir contando lo que Juan y Pepita hablaban desde las ventanas de sus casas que dan al patio de vecinos.

Sin embargo, entiendo que aquí resultaría interesante aplicar la doctrina sobre la denominada “expectativa razonable de intimidad” (Sentencia del Tribunal Constitucional 12/2012 de 30 de enero). Y es que perfectamente podemos pensar que quienes compartieron esas imágenes, a pesar de hacerlo a través de la wifi de la Universidad (insisto en que esto es sólo el supuesto bajo el que escribo, pero está por averiguarse si así fue), nunca fueron plenamente conscientes del peligro que ello podía entrañar y que, muy al contrario, actuaron en todo momento bajo lo que para ellos era un entorno de privacidad suficiente. De hecho, lo normal no es ir instalando software de escucha sobre cada wifi por la que uno navega, y aunque no se precisen conocimientos informáticos para ello, la inmensa mayoría de personas no lo hacemos y por tanto no accedemos nunca a la información que otros transmitan en la misma red que estamos utilizando. Por no hablar de que, según el “sniffer” utilizado, luego se requiere procesar a parte los paquetes obtenidos del tráfico de la red. De modo que podemos entender que lo último que pensaba quien compartió tales imágenes es que éstas acabarían incluso saliendo por televisión (por cierto, lamentable el comportamiento de algunos medios de información facilitando las imágenes, lo cual resulta totalmente excesivo al no aportar datos necesarios para la noticia).

En conclusión, opino que, de haberse producido los hechos conforme aquí se recoge, deberíamos considerar que, incluso a pesar de que fueran los propios afectados quienes compartieran sus imágenes a través de la wifi de la universidad, ello no supone necesariamente un consentimiento a efectos de la no aplicación del Art. 197 del Código Penal y por tanto podría ser penalmente responsable aquella persona que hubiera captado y difundido tales imágenes.

Al margen de todo lo anterior, quiero manifestar mi total repulsa a este tipo de actuaciones, independientemente de que sean jurídicamente perseguibles o no, así como también a cualquier comentario vejatorio sobre las personas que aparecen en las fotografías. Ellas son las únicas que no han hecho nada malo.

Si este tema te ha interesado puedes echar un vistazo a “El Código Penal y la divulgación no autorizada de grabaciones o imágenes íntimas“.